Si la persona fallecida dejó un testamento que es reconocido como válido por el tribunal testamentario, entonces la persona nombrada en el testamento como albacea o representante personal generalmente será designada, salvo que existan circunstancias externas como enfermedad o edad avanzada.

Si la persona nombrada en el testamento no puede o no quiere servir como Representante Personal, o si no existe un testamento, entonces el tribunal testamentario puede nombrar a un miembro adulto de la familia, un amigo de confianza o un tercero profesional.

Ser Representante Personal es una gran responsabilidad. El código testamentario contiene páginas y páginas de reglas y procedimientos legales complejos que un Representante Personal debe seguir durante el proceso sucesorio. Además, existen ciertos plazos que el Representante Personal debe cumplir al presentar documentos ante el tribunal y al notificar a las partes interesadas.

Si un Representante Personal no cumple con alguna de estas reglas, puede ser considerado personalmente responsable por cualquier pérdida al patrimonio.

En la mayoría de los casos, si su ser querido dejó un fideicomiso como la base de su plan patrimonial, entonces no, no es necesario pasar por el proceso de sucesión.

Sin embargo, hay una advertencia importante: La persona fallecida debió asegurarse de que todos sus bienes estuvieran correctamente titulados a nombre del fideicomiso o que el fideicomiso estuviera correctamente designado como beneficiario para poder evitar por completo la sucesión.

Lamentablemente, no todos los abogados de planificación patrimonial que redactan fideicomisos para sus clientes se aseguran de que los bienes estén correctamente registrados y que los beneficiarios estén debidamente designados.

Con frecuencia, un fideicomiso fue preparado hace muchos años y nunca se actualizó. Los bienes cambiaron, la ley cambió, pero el fideicomiso quedó desactualizado. Por eso es tan importante elegir cuidadosamente a su abogado de planificación patrimonial, quien se reunirá con usted para hacer revisiones periódicas de su plan patrimonial y de sus bienes, de manera que la planificación que haga hoy funcione como lo previsto en el futuro.

Como regla general, los bienes que pertenecen únicamente a nombre de la persona fallecida están sujetos a sucesión.

En cambio, los bienes con título designado como “copropietarios con derecho de supervivencia” no están sujetos a sucesión y pasan automáticamente por ley al copropietario sobreviviente. Asimismo, los bienes con una designación de “transferencia al fallecimiento” (TOD) o “pago al fallecimiento” (POD), como seguros de vida y cuentas de jubilación, no están sujetos a sucesión y pasan automáticamente por ley a la persona designada.

Cuando no hay un testamento ni un fideicomiso que indique quién recibe qué, entonces los bienes sujetos a sucesión se distribuyen de acuerdo con la ley estatal.

En otras palabras, la legislatura estatal hace su mejor estimación de a quién usted habría querido dejarle sus bienes.

La jerarquía típica es que todos los bienes sujetos a sucesión se entregan al cónyuge sobreviviente; si no hay cónyuge sobreviviente, entonces todos los bienes se dividen en partes iguales entre los hijos; y así sucesivamente siguiendo las ramas de su árbol genealógico.

Los procedimientos de sucesión normalmente tardan entre 6 y 12 meses si no surge ningún contratiempo. Algunos casos de sucesión pueden extenderse por dos años o más si hay disputas entre los beneficiarios o si la persona fallecida dejó bienes en varios estados.

En cuanto al costo, cada procedimiento de sucesión es diferente. Los costos de sucesión pueden incluir tarifas de presentación en la corte, honorarios de abogados, tarifas de tasación, honorarios profesionales como preparación de impuestos, compensación del Representante Personal, tarifas de certificación de documentos, tarifas de registro y más.

Algunos estados permiten que las tarifas se determinen como un porcentaje de los bienes sucesorios, mientras que otros establecen que las tarifas se calculen de acuerdo con un programa legal establecido.