Si la persona fallecida dejó un testamento que es reconocido como válido por el tribunal testamentario, entonces la persona nombrada en el testamento como albacea o representante personal generalmente será designada, salvo que existan circunstancias externas como enfermedad o edad avanzada.

Si la persona nombrada en el testamento no puede o no quiere servir como Representante Personal, o si no existe un testamento, entonces el tribunal testamentario puede nombrar a un miembro adulto de la familia, un amigo de confianza o un tercero profesional.

Ser Representante Personal es una gran responsabilidad. El código testamentario contiene páginas y páginas de reglas y procedimientos legales complejos que un Representante Personal debe seguir durante el proceso sucesorio. Además, existen ciertos plazos que el Representante Personal debe cumplir al presentar documentos ante el tribunal y al notificar a las partes interesadas.

Si un Representante Personal no cumple con alguna de estas reglas, puede ser considerado personalmente responsable por cualquier pérdida al patrimonio.

En la mayoría de los casos, si su ser querido dejó un fideicomiso como la base de su plan patrimonial, entonces no, no es necesario pasar por el proceso de sucesión.

Sin embargo, hay una advertencia importante: La persona fallecida debió asegurarse de que todos sus bienes estuvieran correctamente titulados a nombre del fideicomiso o que el fideicomiso estuviera correctamente designado como beneficiario para poder evitar por completo la sucesión.

Lamentablemente, no todos los abogados de planificación patrimonial que redactan fideicomisos para sus clientes se aseguran de que los bienes estén correctamente registrados y que los beneficiarios estén debidamente designados.

Con frecuencia, un fideicomiso fue preparado hace muchos años y nunca se actualizó. Los bienes cambiaron, la ley cambió, pero el fideicomiso quedó desactualizado. Por eso es tan importante elegir cuidadosamente a su abogado de planificación patrimonial, quien se reunirá con usted para hacer revisiones periódicas de su plan patrimonial y de sus bienes, de manera que la planificación que haga hoy funcione como lo previsto en el futuro.

Como regla general, los bienes que pertenecen únicamente a nombre de la persona fallecida están sujetos a sucesión.

En cambio, los bienes con título designado como “copropietarios con derecho de supervivencia” no están sujetos a sucesión y pasan automáticamente por ley al copropietario sobreviviente. Asimismo, los bienes con una designación de “transferencia al fallecimiento” (TOD) o “pago al fallecimiento” (POD), como seguros de vida y cuentas de jubilación, no están sujetos a sucesión y pasan automáticamente por ley a la persona designada.

Cuando no hay un testamento ni un fideicomiso que indique quién recibe qué, entonces los bienes sujetos a sucesión se distribuyen de acuerdo con la ley estatal.

En otras palabras, la legislatura estatal hace su mejor estimación de a quién usted habría querido dejarle sus bienes.

La jerarquía típica es que todos los bienes sujetos a sucesión se entregan al cónyuge sobreviviente; si no hay cónyuge sobreviviente, entonces todos los bienes se dividen en partes iguales entre los hijos; y así sucesivamente siguiendo las ramas de su árbol genealógico.

Los procedimientos de sucesión normalmente tardan entre 6 y 12 meses si no surge ningún contratiempo. Algunos casos de sucesión pueden extenderse por dos años o más si hay disputas entre los beneficiarios o si la persona fallecida dejó bienes en varios estados.

En cuanto al costo, cada procedimiento de sucesión es diferente. Los costos de sucesión pueden incluir tarifas de presentación en la corte, honorarios de abogados, tarifas de tasación, honorarios profesionales como preparación de impuestos, compensación del Representante Personal, tarifas de certificación de documentos, tarifas de registro y más.

Algunos estados permiten que las tarifas se determinen como un porcentaje de los bienes sucesorios, mientras que otros establecen que las tarifas se calculen de acuerdo con un programa legal establecido.

El proceso comienza cuando la parte interesada presenta una petición ante el tribunal solicitando que se declare al adulto esencialmente “incapacitado”, al menos desde la perspectiva legal.

En ocasiones, estos procedimientos se inician de manera “ex parte” (en secreto) para que se pueda designar a un tutor o curador antes de que otras partes interesadas estén al tanto, especialmente si existe preocupación sobre las intenciones de dichas partes o incluso sobre el comportamiento anticipado del adulto en cuestión.

Independientemente de quién presente la petición, la tutela o la curatela solo se otorgará si el tribunal determina que hay suficiente evidencia para demostrar que la persona está legalmente “incapacitada” al punto de no poder tomar decisiones legales, financieras o médicas por sí misma.

Aunque los tribunales suelen dar preferencia al cónyuge u otro familiar cercano, un tutor o curador no necesariamente tiene que ser pariente.

Siempre que la persona que solicita el nombramiento sea un adulto competente, un amigo cercano o cualquier otra parte interesada, es elegible para servir mientras el juez determine que es la persona más adecuada para el cargo.

Si un familiar o amigo no está dispuesto o no puede servir, el tribunal nombrará a un tercero para que actúe como tutor o curador.

Lamentablemente, esto puede llevar a un terrible abuso financiero y/o físico de la persona incapacitada, por lo que es mejor planificar con anticipación y nombrar a un tutor o curador en sus documentos de planificación patrimonial, de modo que los tribunales queden completamente fuera del proceso.

Dependiendo del grado de incapacidad de la persona, un tutor o curador designado por el tribunal puede recibir un control casi total sobre su vida.

Existen dos áreas principales de toma de decisiones en las que un tutor o curador tiene autoridad: decisiones sobre su bienestar y decisiones sobre sus finanzas.

Generalmente, una sola persona es nombrada para ambos roles, pero el tribunal puede dividir las responsabilidades entre varias personas.

Por ejemplo, una persona puede supervisar las decisiones financieras, mientras que otra se encarga de los arreglos de vivienda y la atención médica.

Además, el tribunal suele requerir que el tutor y el curador presenten informes detallados, como registros financieros, en intervalos regulares o cuando se tomen decisiones importantes, como la venta de un bien o cuando se necesiten gastos considerables para su cuidado.

Algunos de los deberes más comunes de los tutores y curadores de adultos incluyen:

• Pagar sus facturas

• Determinar dónde vivirá

• Supervisar su residencia y condiciones de vida

• Dar consentimiento para sus tratamientos médicos

• Decidir cómo se manejarán sus finanzas, incluyendo cómo se invertirán sus bienes y si se deben liquidar algunos

• Administrar sus bienes raíces y otras propiedades

• Mantener registros detallados de todos los gastos y transacciones financieras

• Tomar decisiones sobre su final de vida y otros cuidados paliativos